La ley de las máquinas tragamonedas
Las maquinas tragamonedas han puesto de manifiesto que la legislación española sobre el juego puede ser un auténtico laberinto para aquellas empresas relacionadas con el ocio y el juego que quieren trabajar en nuestro país. Al ser una competencia que se encuentra transferida a todas las comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), cualquier empresa se vea en la obligación de cumplir los trámites burocráticos de diecinueve sistemas legales diferentes.
Uno de los primeros requisitos que imponen cada una de las legislaciones es la de depositar una fianza económica. Eso conlleva que los fabricantes de las máquinas tragaperras tengan que depositar dinero para cada comunidad autónoma, y la suma final asciende a más de seiscientos mil euros, una cantidad nada despreciable.
En segundo lugar, es necesario registrar el producto que se ha elaborado, pero de nuevo es necesario hacerlo siguiendo 19 normativas diferentes. Además, cada uno de los registros sólo es válido para la comunidad autónoma en la que se realiza... Lo que impide que una máquina recreativa registrada en una comunidad autónoma pueda ser utilizada en otra distinta. Es algo tan absurdo como si tuviéramos un frigorífico comprado en Andalucía y, al decidir que nos trasladamos a Extremadura, el frigorífico necesitara un nuevo permiso para funcionar.
Las normas impuestas a las tragamonedas por cada comunidad autónoma son tan amplios, que obligan a crear programas de gestión específicos para cada una de ellas: Hay variaciones en el coste de cada partida, el valor en premios, la visibilidad de la máquina... Lo que obliga a que estos juegos tengan mantenimientos muy diferenciados unas de otras. La multitud de modelos obliga a aumentar los costes de producción y puesta en marcha, que pueden superar los treinta mil euros. Además, tanta burocracia, impide preveer adecuadamente la puesta en marcha de una nueva máquina, y que sea necesario contratar a especialistas en gestión administrativa para cada comunidad autónoma, ya que es imposible conocer todas las legislaciones que existen con sus características y peculiaridades.
Y como colofón, las comunidades autónomas modifican constantemente sus reglamentos, habitualmente para incrementar sus ingresos, lo que produce dobles costes a las empresas: Por una parte tienen que pagar más impuestos, y por otra, deben invertir en modificar y adaptar las máquinas que poseen según las nuevas normativas.